Noticia publicada a las 02:31 am 27/11/14

Por: Valentín Varillas.

Mañana jueves se dará a conocer el nuevo pacto con el que se pretende “relanzar” al gobierno del presidente de la República e intentar controlar los efectos de la crisis generada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Como le adelanté hace unos días en este mismo espacio,

los asesores del mandatario federal intentan blindarlo en términos mediáticos ante potenciales omisiones o corruptelas que pudieran cometer servidores públicos o instancias de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
En este sentido, el punto medular de los nuevos acuerdos por la legalidad y la justicia se centrarán en el combate directo a la impunidad y en el estricto apego al estado de derecho.
Se implementarán nuevos candados para evitar el mal manejo de recursos públicos, garantizar la transparencia presupuestal y perseguir con eficiencia a quienes desde el poder político realicen conductas delictivas.
De entrada, se cruzarán las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Habrá una revisión estricta del origen del patrimonio declarado y la procedencia de los activos relacionados.
Y es que, actualmente no existe un instrumento más ambiguo y mentiroso para determinar la riqueza real de quienes están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos que la declaración patrimonial.
Sin empacho alguno, quienes están obligados a presentarla mienten y manipulan a placer, engañando a los órganos de control interno del Estado mexicano sobre el nivel de vida real que disfrutan.
Es falso que sean instrumentos certeros para medir la riqueza y determinar la honestidad de quienes se desempeñan en áreas de gobierno.
Por eso, no basta con declarar alegremente que se harán públicos como ejemplo de transparencia y rendición de cuentas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores jugará también un papel fundamental en la detección de operaciones sospechosas que pudieran involucrar a políticos y servidores públicos, a empresas fantasma y prestanombres.
Los cambios también incluyen un mayor control presupuestal por parte del gobierno federal.
Una mayor cantidad de recursos etiquetados hacia las entidades federativas para garantizar el destino de los mismos y minimizar la posibilidad de que sean utilizados para otros fines, además de la consecuente revisión de los mecanismos de auditoría implementados para verificar lo anterior.
Centralismo puro y mayores posibilidades de control a los gobernadores, auténticos virreyes del país.
Por último, la forma en la cual se dio la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala será el pretexto perfecto para que el gobierno federal perfile su proyecto de mando único de policía, impulsado desde la campaña presidencial.
Bajo el nombre de Policía Nacional se le dará forma a un cuerpo de seguridad que en el papel estará blindado ante la posible infiltración de grupos criminales.
Bajo la lógica gubernamental, las policías municipales se han convertido en el eslabón más débil en la estrategia de combatir de manera integral a la delincuencia organizada, de tal manera que hoy los uniformados juegan del lado de sus intereses y no del de los ciudadanos a quienes en teoría se deben.
“Confianza” es lo que pretende en algo recuperar el gobierno de la República después de la peor crisis que ha enfrentado gobierno alguno en los últimos sexenios.
En su lógica, la presentación de este pacto y los compromisos que se generarán a partir de su presentación a distintos actores y sectores de la vida nacional servirá para sentar las bases que le permitan a Peña Nieto y su grupo mejores condiciones para ejercer el poder en los 4 años que tienen por delante.
¿Les alcanzará?

Fuente: Status Puebla.

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