Noticia publicada a las 02:09 am 17/09/14

Por: ALFREDO MÉNDEZ.

Cartagena de Indias, Colombia.

Más que un código nacional de procedimientos penales, lo que sería provechoso para México es la unificación de sus códigos penales sustantivos en uno solo, pues tal como actualmente se encuentran las cosas, el nuevo sistema acusatorio mexicano se aplicará con 34 códigos distintos,

lo que provocará que mientras en un estado la calumnia o la difamación impliquen penas de hasta ocho años de prisión, en otras entidades esas conductas ni siquiera sean consideradas como delito, sostuvo el doctor en derecho colombiano Fernando Tribin, especialista en juicios orales.
“Cuando se parte de diversidad de penas impuestas por cada congreso estatal, sin duda se llega al extremo de provocar inseguridad jurídica a los justificables”, destacó el académico y también especialista en derechos humanos.
Entrevistado tras participar en un seminario internacional sobre juicios orales, Tribin sostuvo que en Estados Unidos se habla de “un promedio de 90 por ciento de investigaciones de la fiscalía que se resuelven por la vía alterna de solución de controversias, y sólo 10 por ciento de los casos llegan a juicio oral.
Las salidas alternas a las que se refirió Tribin constituyen el núcleo del nuevo sistema procesal penal; sin embargo, el debate se ha centrado en los juicios orales y en sus características, por lo que, pese a su importancia, estas salidas alternas no han sido analizadas o simplemente comentadas de manera más amplia en el debate mexicano.
Tribin pertenece a la organización Latin American Bar Association (LABA), barra profesional de abogados que litigan en Estados Unidos y que permite otorgar una membresía a diferentes jurisconsultos de Latinoamérica para formar parte de la sociedad.
Según el litigante colombiano, las salidas alternas a las que se refirió deben constituir el núcleo del nuevo sistema procesal penal que se aplica en México de manera progresiva, desde 2008, pues “las salidas alternas son ejercicios de justicia y no de impunidad”.
El también consultor del Observatorio Interamericano de Derechos Humanos refirió que el panorama para México, ahora que empiece a operar en su totalidad (desde 2016) la reforma de los juicios orales, no es muy alentador, pues de acuerdo con su experiencia “habrá mucha resistencia de los organismos estatales y de los profesionales del derecho, simplemente porque no va a ser fácil para ellos entrar en las nuevas dinámicas”.
Expuso que “México tiene un sistema claramente inquisitivo, que funciona un poco como los tribunales de la Santa Inquisición: poner a alguien en una hoguera a ver si grita o no puede resultar muy eficiente para probar que gritó y que por eso es culpable, algo así operó en Colombia hace nueve años”.
Pero ahora hacer un juicio oral va implicar al Estado mexicano que sus jueces y fiscales se capaciten, “que se comprometan a tener una buena policía de investigación, pero si esto no ocurre, no va a funcionar”.
Tribin, quien también es académico, reconoció que este nuevo sistema “es más digno y más seguro”, y se preguntó: “¿Qué quiero del sistema de justicia acusatorio en México? A lo que contestó que esperaría “que se tomaran decisiones justas, y que se tenga la seguridad de que lo que produce en una sentencia está sujeto a condiciones de seguridad y confiabilidad”.
Para el jurista extranjero, después de que se haga un juicio oral y se determine la responsabilidad de una persona “todos quedaremos tranquilos, porque sabremos que se hizo justicia”, ya que antes había muchas dudas en las sentencias penales.
Finalmente, destacó el trabajo de LABA, que aplica programas intensivos de integración para los abogados en su transición al sistema acusatorio de justicia, y quienes se certifican en éstos salen como expertos en litigio oral.

Fuente: Jornada.

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