Noticia publicada a las 02:55 am 01/08/14

Por: JESÚS CANTÚ.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La muerte de un menor de 13 años de edad, a consecuencia de las lesiones infligidas durante el desalojo violento de unos manifestantes que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio, es la expresión más conmovedora de los efectos que pueden tener las legislaciones estatales encaminadas a permitir el uso de la fuerza pública para disolver manifestaciones pacíficas de protesta.

En los últimos años han proliferado las iniciativas destinadas a criminalizar la protesta social, a prohibir las movilizaciones ciudadanas y/o a suprimir la libertad de expresión.
Una de ellas, entre las más grotescas, fue la iniciativa que envió el gobernador poblano Rafael Moreno Valle, denominada “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”, conocida popularmente como Ley Bala, la cual incluía el uso de armas de fuego para disolver manifestaciones públicas. Esto último fue eliminado en la versión final, pero sí dispone el empleo de armas no letales, como las balas de goma. Sin embargo, esta legislación que hoy pretende abrogar el mismo gobernador poblano, tras los penosos incidentes que causaron la muerte del menor, es realmente una más de estas normas represivas.
La primera de ellas (en orden cronológico) fue la que estableció en 2002 el delito de “ataque a la paz pública” en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, equivalente al delito de “disolución social” que estuvo presente en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal entre 1941 y 1970; los detenidos durante las protestas del 1 de diciembre del 2012 fueron acusados de incurrir en esa falta.
Posteriormente, el 26 de diciembre de ese mismo año, los asambleístas reformaron el artículo para reducir las penas de entre 5 y 30 años a entre 2 y 7, dando paso a la libertad bajo fianza de los encarcelados.
El 10 de septiembre de 2011, el gobernador veracruzano, Javier Duarte, promovió una reforma al artículo 373 del Código Penal para incluir el llamado delito de “perturbación del orden público”, con el fin de castigar con prisión de cuatro años a quien “por cualquier medio afirme falsamente…” la existencia de balaceras o ataques de la delincuencia organizada, “… ocasionando así perturbación”. La disposición pretendía suprimir los mensajes que la ciudadanía transmite a través de las redes sociales para protegerse de tales bandas delictivas. El 20 de junio de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicha disposición.
En abril de 2014, el Distrito Federal aprobó una legislación para regular las manifestaciones públicas; en mayo lo hicieron Chiapas, Puebla y Quintana Roo; y actualmente los Congresos de Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí tienen en proceso de dictaminación iniciativas similares para regularlas y/o incorporar esquemas del uso de la fuerza pública con el objeto de reprimirlas.
Y todavía peor, la recientemente aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluye en sus artículos 189 y 190 disposiciones que eventualmente permitirán a las autoridades solicitar a los concesionarios y prestadores de los servicios de telecomunicaciones bloquear las señales y suspender los servicios.
Es evidente que la línea general de todas estas disposiciones y propuestas es bloquear, suprimir o
reprimir cualquier expresión de descontento e inconformidad. Las autoridades no pretenden resolver las problemáticas que conducen a la protesta social, la expresión de los disensos o la acción colectiva, sino simplemente evitar o reprimir estas manifestaciones.
La acción policiaca en contra de una manifestación pacífica es un signo ominoso para una tambaleante democracia. Y la proliferación de legislaciones que, bajo el pretexto de regular, promueven el uso de la fuerza pública para reprimir la movilización social, es una amenaza para la sociedad y otra muestra más de la instauración del autoritarismo.
Al revisar el espectro de las diversas legislaciones ya mencionadas, es evidente que se proponen combatir integralmente la movilización social (nuevamente es la manifestación, no la causa de la misma): primero, impedir la comunicación y organización (legislaciones de Veracruz y Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión); minimizar, desactivar, reprimir o disolver las movilizaciones (todas las leyes estatales para regular las manifestaciones y/o el uso de la fuerza pública para disolverlas); y desincentivarlas a través de la creación de tipologías de delitos penales con altas penas privativas de la libertad (Veracruz y DF).
Es el absoluto y total desplazamiento de la política –entendida ésta como la vía para conciliar pacíficamente posiciones en conflicto; atender eficaz, eficiente y oportunamente las necesidades de la comunidad; privilegiar el diálogo, la negociación y la política pública para resolver las problemáticas sociales; y el reconocimiento y respeto de la diversidad– por el ejercicio autoritario del poder: controlar y/o cancelar los medios de comunicación y organización; el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza pública para disolver las movilizaciones; e inhibir la acción colectiva por la vía de la criminalización y la penalización de la protesta social.
Los peligros de la Ley Bala fueron ampliamente advertidos por muchos analistas, y sus argumentos fueron rechazados por las autoridades. Lamentablemente, menos de dos meses después de promulgada, su aplicación cobró la vida de un menor, que ni siquiera se encontraba en la movilización disuelta por los policías; el uso de la fuerza pública se dio sin ninguna provocación de por medio, pues los diversos videos muestran la ostentación de fuerza que hicieron los cuerpos de seguridad, y los manifestantes, en todo caso, reaccionaron frente a aquella agresión.
Sin importar si el objeto que golpeó al menor fue una bala de goma o uno de los contenedores de los gases lacrimógenos lanzados por los policías que reprimieron la manifestación; o, como dice la versión oficial, si fue un cohetón arrojado por los mismos manifestantes, la realidad es que el hecho se produjo por la aplicación de una legislación que regula (léase permite) el uso de la fuerza pública para disolver movilizaciones pacíficas sin importar sus motivaciones ni intentar resolver las causas de fondo; simplemente desaparecerlas. Una legislación y una autoridad que privilegian la represión y el uso autoritario del poder.

Fuente: Proceso.

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