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Tomaron simbólica y efímeramente la tribuna de la Cámara de Diputados, más para que quedara algún testimonio de movilización aunque fuera en grado casi de tentativa, y cantaron con patriotismo tardío el Himno Nacional. Rechazaban el entreguismo que van aprobando lenta pero imparablemente las ‘‘mayorías’’ camarales encabezadas por el PRI. Vendepatrias. Jijos de sus trasnacionales matrices.
Pero los priístas reviraron a los perredistas con el tema que les fue regalado por Miguel Ángel Mancera y por Marcelo Ebrard (en proporciones aún por precisar, pero con concurrencia infractora de ambas partes ahora en ácida pugna). ‘‘¡Línea 12, línea 12!’’, coreaban los de tres colores, sabiendo que no hay mucha defensa posible en esa línea de flotación. Los del sol azteca reviraban sin negar la dorada corrupción e ineficacia, señalando otros casos similares, como el Fobaproa y el Pemexgate.
El gobernador poblano y P4 (presunto precandidato panista poblano), Rafael Moreno Valle, también sufre a causa del maleficio de mucho más que una duda. A pesar de que ha hecho notables esfuerzos por convencer al respetable público de que no hubo culpa de su administración en la muerte de un menor de edad (entre esos esfuerzos ha estado la convocatoria a periodistas poblanos y nacionales para establecer líneas mediáticas favorables a ese gobierno en entredicho), la percepción generalizada le es adversa. Políticamente, el propio Moreno Valle extendió un inapelable certificado de aceptación de responsabilidades al apresurarse a promover la derogación de la misma ley bala que pocos meses atrás había propuesto al dócil Congreso estatal. Se puede parafrasear una máxima jurídica: A derogación de ley bala, relevo de pruebas.
La más reciente maniobra en busca de exculpación morenovallista ha sido la declaratoria de que el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue afectado por la ‘‘onda expansiva’’ de un cohetón disparado no por policías ni por manifestantes, sino por presuntos infiltrados, de los que no dio datos ni evidencias el procurador Víctor Carrancá, a quien tocó dar a conocer la tesis del cohetón solitario. Ni balas de goma ni otro tipo de proyectiles lanzados por la policía estatal contra los manifestantes que protestaban por el retiro de oficinas del registro civil en su comunidad. A fin de cuentas, con estos dictámenes oficiales se trata de mantener vigente la onda expansiva de las pretensiones presidenciales del ahora muy ajado Moreno Valle.
No es novedoso que los familiares de los hombres mexicanos de poder político se beneficien escandalosamente de las relaciones y oportunidades que desde las cúpulas les son abiertas. El álbum priísta de la gran corrupción está lleno de esos ejemplos de súbito ‘‘éxito empresarial’’, con una gama enriquecida de parientes de presidentes de la República, secretarios de Estado, directores de empresas paraestatales o descentralizadas, gobernadores, presidentes municipales, legisladores y altos funcionarios públicos en general.
El ascenso del narcotráfico y, en general, de la criminalidad bien organizada como fuente rápida de habilitación de recursos para quienes desde cargos gubernamentales toleran, promueven, protegen y a veces dirigen los cárteles delictivos ha acelerado la multiplicación de un juniorismo descarado, ostentoso, que ‘‘hace negocios’’ a partir de dinero sucio y que enlaza los intereses de los capos establecidos con los gobernantes en turno. De los ‘‘papayos’’ que alzaban la mano frente al padre todopoderoso (‘‘¡Papá, yo!’’) a la hora de repartir permisos, concesiones u otras formas privilegiadas de beneficiarse de los recursos públicos mediante tretas de ‘‘iniciativa privada’’, se ha pasado a los hijos de papi que mueven fortunas, abren puertas, consiguen firmas aprobatorias, negocian protección y lucen con desparpajo su prosperidad económica frente a comunidades que lo más que pueden hacer ante esa corrupción impúdica es la crítica en voz baja o el desahogo internético.
En Michoacán se convirtió en versión generalizada que uno de los hijos del intermitente e insuficiente gobernador Fausto Vallejo era quien llevaba ciertas riendas que acababan beneficiando al capo favorito de esa temporada, apodado La Tuta. Luego de la aparición del video en que aparecen Rodrigo Vallejo y Servando Gómez en amable diálogo, la procuraduría federal de encubrimientos amables o protecciones feroces, según sean las circunstancias, ha llamado al mencionado júnior a rendir declaración oficial. Jesús Murillo Karam ha demostrado que es capaz de presentar a un albo conejo salido de una oscura chistera como si en realidad fuera ésta, y al peculiar sombrero de copa como un mamífero roedor de blanco pelaje si fuera necesario.
Ya se verá en qué acaba la anunciada comparecencia del videograbado Rodrigo, quien presuntamente habría quedado a salvo de embestidas de la PGR a cambio de la vergonzosa aceptación del gobernador Fausto de ser hecho a un lado por el comisionado Alfredo Castillo y, meses después, de dejar el poder por la puerta de atrás. Por lo pronto, el propio papá ha retransmitido lo que el hijo en problemas escribió sobre su más reciente episodio difícil. Asegura Rodrigo Vallejo que fue forzado a reunirse con La Tuta y que todo fue contra su voluntad (algunos mexicanos cheleros consideran muy probables tales circunstancias de grave apremio, pues saben por experiencia de gaznate propio que difícilmente alguien puede tomar por su gusto una cerveza light, como se vio hacerlo a Vallejo júnior en el video de referencia). La afligida autodefensa de Rodrigo deja constancia de que no se le concede el beneficio de la duda por ser hijo de quien es. El papá, por su parte, solicita que su vástago sea castigado si se le encuentra culpable, o que se ‘‘sopese’’ la versión de que fue víctima de un ‘‘levantamiento’’. ¡Hasta mañana!
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Fuente: Jornada.
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