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La perpetua reputación criminal del gobernador de Puebla tiene un agravante: La víctima es un niño de 13 años de edad.
Y el abuso de poder está acreditado: El homicidio se cometió durante una manifestación legítima, en respuesta a una ley lesiva para los ciudadanos más pobres y ante la autoridad arrogante y sorda.
La responsabilidad del gobernador es inequívoca, porque tras la disolución del bloqueo a la autopista Puebla-Atlixco, el miércoles 9, Moreno Valle se regodeó ante periodistas de haber aplicado la criminal Ley Bala: “Ustedes han visto cómo la ley que se aprobó en Puebla se aplica”.
Moreno Valle quiso mantener el caso sólo en Puebla, donde controla todo, y se aferró a imponer la tesis de que los culpables de la violencia fueron sólo los manifestantes, armados con “piedras de grueso calibre”, a quienes imputó inclusive la muerte cerebral del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Contra todas las evidencias –que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no podrá ocultar, salvo que se someta al poder–, el gobernador afirmó que el cráneo del niño fue destrozado por los cohetones de los manifestantes y no las balas de goma y gases lacrimógenos lanzados por la policía de Facundo Rosas, el aún lugarteniente de Genaro García Luna.
Por eso el dictamen popular, que en un nuevo fenómeno de las redes sociales ha hecho rectificar a algunos medios –casi todos comprados por él en Puebla y en la capital–, es implacable: #MorenoValleAsesino.
Sólo la muerte del niño, el sábado 19, le movió el piso a Moreno Valle. Entró en pánico.
Moreno Valle lo sabe: Nada ni nadie, ni siquiera la élite que le dará impunidad –porque a ella pertenece, como Enrique Peña Nieto– podrá ya borrarle de su faz el sello de gobernante homicida, como su abuelo el general del que lleva su nombre y apellidos, gobernador encumbrado por Gustavo Díaz Ordaz y defenestrado por Luis Echeverría, a cual más con las manos tintas en sangre.
Ni siquiera el escándalo de “Mamá Rosa” en Michoacán, que sirve de coartada a opinócratas de derecha para soslayar el inaudito abuso de poder en Puebla, podrá librar a Moreno Valle de las consecuencias de su autoritaria forma de gobernar, justo a dos años de finalizar su periodo como gobernador.
Moreno Valle quiso impedir a punta de dinero la crisis –como en su momento Mario Marín– y negando lo evidente –como Rubén Figueroa en Aguas Blancas, en junio 1995, y Emilio Chuayffet con Acteal, en diciembre de 1997–, y fracasó.
Fue siempre un impostor: Un día después de ganar la gubernatura de Puebla, el lunes 5 de julio de 2010, hablé con él y prometió que la ley sería su guía y que el autoritarismo estaría proscrito en el estado.
“Yo no estaría dispuesto a torcer la ley para lograr un objetivo político o partidista. En el momento en que estás dispuesto a torcer la ley, en cualquier circunstancia, en ese momento acabas con el estado de derecho. Yo gobernaré con la ley en la mano”.
Dos años después, como parte de un reportaje que lo enfureció –que Proceso cabeceó como “dos años de magalomanía”–, y cuando era evidente el control del gobierno, el Congreso, los partidos políticos, la prensa, el empresariado, las universidades –todo–, el politólogo Manuel Díaz Cid lo comparó con Maximino Ávila Camacho, gobernador de mano dura a partir de 1937.
En 2012, cuando el gobernador de manera arbitraria sometió al PAN estatal, con el aval de Gustavo Madero –cómplices con dinero sucio–, el fundador y catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) dijo que esa conducta era “un incipiente autoritarismo” que, de no rectificar, se convertiría en “autoritarismo pleno”.
Y, visionario, Díaz Cid expresó: “Sería como un retorno a las épocas del avilacamachismo, que en su época fue así. Ávila Camacho entendía que sus aliados tenían un espacio y un juego, sus adversarios ninguno. Y aquí no: no hay más que la figura de un personaje y esto marca un contraste hasta con el avilacamachismo. Tal vez las formas serían menos violentas, pero en el orden político es mucho más autoritaria esta forma que el avilacamachismo”.
Yo digo: Resultó peor.
Apuntes.
En realidad, la Ley Bala de Puebla –derogada por los mismos mansos diputados de PAN, PRI y PRD que la aprobaron– es un instrumento que también ya existe, a nivel nacional, para reprimir las protestas sociales que habrá como consecuencia del despojo de tierras por la privatización energética. Todo apunta a que habrá un reguero de cadáveres y los serviles dirán: Ellos se lo buscaron…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
Fuente: Proceso.
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