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La trampa del prorrateo
Noticia publicada a
las 03:37 am 23/04/14
Por: Eduardo R. Huchim.
En muchos de los procesos de revisión y rendición de cuentas públicas prevalece la simulación que a nadie engaña, pero el engaño se acepta y la formalidad se cumple, aunque la realidad sea muy otra. Esa falsificación, madre de la impunidad, podría viciar la nueva normatividad electoral que se discute en el Senado.
Intento explicarme. La fiscalización de gastos de la campaña presidencial de 2012 fue una vasta simulación que, de la mano de la sospechosa Unidad de Fiscalización (UF) del IFE, produjo un resultado inverosímil según el cual Peña Nieto gastó 328 millones de pesos y López Obrador 382 millones, por lo que éste rebasó el tope de gastos (336 millones) y el priista no. La glamorosa campaña del candidato de la coalición PRI-PVEM costó miles de millones de pesos, como bien saben quienes de uno u otro modo han estado cerca de la propaganda comicial y sus costos, pero la UF detectó un porcentaje mínimo del gasto real. No obstante, en el IFE -todos los consejeros, menos Alfredo Figueroa- aprobaron el dictamen.
Ahora bien, aun con las cifras de la UF, el gasto de Peña casi duplicó el tope fijado por el IFE. El consejero Benito Nacif lo explicó así (15/07/13): "La campaña presidencial de la coalición Compromiso por México (Peña Nieto) fue la que más dinero gastó. Si tomamos en cuenta sus gastos directos, así como la totalidad del gasto genérico, ese que beneficia a dos o más campañas, tenemos un total de 712 millones de pesos que (la) benefició... El mismo cálculo para Movimiento Progresista (AMLO) arroja un total de 502 millones de pesos, 210 millones más abajo".
¿Qué pasó entonces? Pasó que se hizo presente la trampa del prorrateo, una truculenta disposición reglamentaria (para mí inconstitucional) que permite, sin fundamento en ley, distribuir el gasto del candidato presidencial entre los aspirantes a senadores y diputados, según lo determinen los partidos (en 2012, a Peña sólo se le adjudicó el 1% de la mitad de los gastos centralizados). No es posible extenderme sobre la distorsión que el prorrateo produce, tema del cual me he ocupado antes (29/01/13 y 06/02/13), y me limito a señalar ahora que la UF hizo tal manipulación -y el Consejo General del IFE la avaló- que llegó a distribuir los gastos priistas incluso entre candidatos que competían entre sí.
Pues bien, en el Senado se pretende introducir esa norma en la Ley General de Partidos Políticos, para la cual el PRI propone esta disposición de peculiar sintaxis: "El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos políticos; teniendo la libertad de establecer sus determinaciones de prorrateo de acuerdo a la visión, plataforma, tamaño e ideología de cada uno de ellos; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados".
Si tal disposición se aprobara, se daría respaldo legal -no constitucional- a la simulación y distorsión, pues el prorrateo permite que la presencia personal, en imagen o nombre de un aspirante a legislador sea suficiente para adjudicarle parte del gasto en propaganda, aunque ésta sea ostensiblemente del candidato presidencial. En sentido contrario a esa malsana práctica, lo que debería regir es que en cualquier acto u objeto propagandístico donde aparezca el candidato presidencial, el costo se le acreditara a éste, aunque lo acompañen otros aspirantes. Si fuera necesario, sería preferible elevar el límite de gastos que legalizar el prorrateo.
El problema del dinero en campañas es severo en este país y en otros, pero medidas como el prorrateo lo agravan. Una condición sine qua non para abordarlo con firmeza supone la existencia de instituciones y personas dispuestas a actuar con genuina imparcialidad y rigor, pero en el INE y en el TEPJF no se ven personas así, por lo menos no en el número suficiente para ganar votaciones.