|
Tal autonomía no existe, porque quien genera los programas y acciones de gestión escolar son las Aelym, que influyen en las condiciones académicas, en la organización escolar y administrativa. Además, los programas y acciones generados y ejecutados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades locales representan la columna vertebral de la gestión escolar, significando la centralización burocrática de la educación. Con ello no se privilegia la participación de maestros, estudiantes y padres de familia en la toma de decisiones.
El riesgo es que los programas y acciones propuestos pueden ser el sitio de descarga de iniciativas públicas, sociales y privadas que distraigan a la escuela y desvíen los objetivos y metas educativas. Las autoridades educativas por medio de estos programas y acciones pretenden ubicar a la escuela como el centro del sistema normativo educativo, lo que implica establecer condiciones para cumplir con la normalidad mínima escolar mediante control, vigilancia y optimización de recursos económicos, materiales, humanos y de los tiempos.
Es una lástima pretender asegurar que cada escuela disponga al menos de una computadora y ésta no tenga fines pedagógicos, sino para registrar, administrar e informar todos los movimientos e incidencias presentadas por el personal y alumnos del plantel, durante el ciclo escolar, en el Sistema de Información y Gestión Educativa.
En la estructura de operación, los directores realizarán procesos de fiscalización en los salones de clase y los supervisores escolares vigilarán y asegurarán la calidad del servicio educativo que se presta en los planteles e informarán a las autoridades de los logros de aprendizaje. La gestión escolar queda acotada a la fiscalización de los padres y de la sociedad, mediante los consejos escolares de participación social (CEPS) para verificar el logro de los aprendizajes y el cumplimiento de la normalidad mínima.
Las funciones del Consejo Nacional de Participación Social son opinar en asuntos pedagógicos, de planes y programas de estudio; proponer políticas para elevar la calidad, equidad y cobertura de la educación; ser el conducto para canalizar opiniones y sugerencias sobre estos temas y sugerir estrategias que favorezcan la autonomía de gestión escolar.
Aunque no se han definido parámetros e indicadores relativos a la autonomía y gestión escolares, las escuelas que acrediten mejores resultados educativos obtendrán incentivos. Lo que conduce a promover el sistema de voucher, rompiendo el principio de equidad, al profundizar la clasificación de buenas y malas escuelas, así como la segregación de escuelas, maestros y alumnos.
Aunque el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación fijará las normas y lineamientos de los procesos de evaluación del aprendizaje, éste será a través de los programas y acciones emitidos por las autoridades educativas para que la comunidad educativa tenga acceso a los resultados de las evaluaciones externas, den asistencia técnica al Consejo Técnico Escolar (CTE) para sistematizar los resultados de las evaluaciones y apoyen a la escuela con mecanismos y estrategias para atender procesos de evaluación internos atendiendo a los problemas del aprendizaje por conducto del CTE; de la evaluación con equidad; y de la gestión escolar donde la comunidad de las escuelas establecerá estrategias de seguimiento y evaluación, atendiendo a los parámetros e indicadores aún no definidos.
Las prioridades educativas están planteadas en las metas de la gestión escolar como el “máximo logro” de aprendizaje de los educandos, la reducción del rezago y la deserción. Sobre la programación de actividades y establecimiento de compromisos se reconoce el generar o recibir recursos financieros de alguna instancia, motivando a las escuelas a buscar recursos, para alcanzar los objetivos y metas definidos por la SEP. En las estrategias de seguimiento y evaluación, se tendrá una evaluación exhaustiva y continua de los avances y logros alcanzados en el aula y la escuela a partir de lo programado en la planeación anual.
Aunque se reconoce que las autoridades educativas, federal y locales, están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto los recursos para fortalecer la autonomía de gestión escolar, también podrán desarrollar mecanismos para garantizar que la escuela administre los recursos que gestione, para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos considerados en la reforma educativa.
Los directivos y maestros tendrán poco margen sobre los recursos, porque intervendrá el Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) en la definición de su uso y dará su visto bueno al informe presentado. Otorgándose mayor poder de decisión respecto de los logros de aprendizaje, los resultados de evaluaciones, el desempeño de maestros y directivos, así como la definición del uso de los recursos que la escuela capte. Además, el personal docente y directivo, con el apoyo de los CEPS, deberá trasparentar y rendir cuentas a los padres y autoridades educativas sobre los recursos.
La SEP instaurará los mecanismos eficientes y accesibles para presentar quejas, denuncias y sugerencias respecto del servicio público educativo, con ello los maestros y directivos serán más vulnerables; además de aumentar la carga a docentes.
Una propuesta alternativa ante la centralización burocrática-administrativa autoritaria del modelo de autonomía de gestión escolar es la conducción democrática de la educación mediante acciones que fortalezcan la capacidad de decidir sobre la vida escolar, contenidos, métodos, evaluaciones, tiempos, materiales pedagógicos, relaciones entre los miembros de la comunidad escolar y la construcción del proyecto educativo alternativo con el fin de desarrollar procesos educativos integrales que posibiliten mejores condiciones de vida y contribuyan al desarrollo social de los mexicanos.
* Profesora normalista y maestra en investigación educativa
Fuente: Jornada.
[Regresar a la página principal] |
