Noticia publicada a las 02:07 am 16/04/14

Por: Francisco Báez Rodríguez.

Los resultados del censo educativo realizado por el INEGI nos dan cuenta de que era urgente la primera de las grandes reformas aprobadas en el 2013. Pero más, de que es necesario y urgente aplicar la ley… y hacer mucho más.

Lo primero es que los datos levantados nos hablan de un país tremendamente desigual.

De condiciones muy distintas en las escuelas de los estados y municipios más ricos frente a las de los más pobres (y eso que la CNTE impidió censar al 10 por ciento de las escuelas, casi todas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y sin duda la mayoría en pésimas condiciones). Desde la mera existencia de aulas y sillas, hasta las posibilidades de acceso a internet, la brecha es abismal.

Tratándose de la escuela, que ha sido uno de los mecanismos fundamentales para la movilidad social, la existencia de diferencias tan escandalosas nos explica, al menos en parte, el por qué esa movilidad social, característica positiva de la sociedad mexicana hasta hace unas décadas, ha venido a menos. Lo que hace el sistema educativo desigual es reforzarla: dar oportunidades a muchos, sí, pero hundir más profundamente a los que están abajo.

De esto no se puede culpar sino de manera accesoria al sindicato, sea en su versión institucional o de la Coordinadora. Ha sido una decisión de Estado, tanto de la SEP a nivel federal como de las secretarías estatales. La mala distribución de los recursos debería de llamar a escándalo.

Por supuesto, en el núcleo de esta mala distribución se encuentran los faltantes y sobrantes de la encuesta. Por un lado, 39 mil maestros “perdidos”, 30 mil maestros comisionados por el sindicato, 113 mil que están en otro centro de trabajo. Por el otro, más de 400 escuelas registradas como tales y que no existen o no funcionan como tales. En resumen: el uso político —no académico ni social— del sistema educativo y un desorden administrativo de cuarto mundo.

Si nos quedamos con el dato más insólito, el de los 39 mil maestros que cobran pero quién sabe dónde están, y hacemos unas pocas cuentas, las sumas que nos aparecerán son estratosféricas. A diez mil por cabeza, resultan 390 millones de pesos al mes; 4 mil 680 millones al año. Eso es más que el costo de la Línea-12, mucho más que el fraude de Oceanografía.

Ahora que si le agregamos el costo de la mayoría de los comisionados, de los desplazados, de los que cobran doble, de los muertos jubilados, la cifra ya da mareos. Miles de millones de pesos del erario se destinan a beneficiar a un gremio, sin que haya contraprestación social alguna. En tanto, hay escuelas sin electricidad, sin drenaje y sin pupitres.

Pero los aviadores no salieron de la nada. Hay una red de relaciones políticas que los creó. Y ha habido funcionarios federales y estatales que han prohijado esa práctica con tal de llevar la fiesta política en paz, con el SNTE o con la Coordinadora. Como dice mi amigo el Peón de Marfil: “Todo aviador está conectado a un empresario aéreo: construyó su terminal con dinero público”. Y eso significa, obviamente, que el tema se tiene que atacar en ambos lados. La pregunta es si hay voluntad política para ello, en la Federación y en los estados.

El censo educativo tiene la virtud de hacernos ver el tamaño del simulacro educativo. No es un fenómeno nuevo (ya un amplio estudio, en 1990, reveló su existencia), pero es un mal que se ha agudizado con una serie de políticas pareciera que destinadas específicamente a poner ese velo sobre la sociedad.

Somos un país mucho más escolarizado que antes, pero una parte de esa mayor escolarización es de mentiritas, con alumnos que aprueban por decreto en escuelas que no tienen las condiciones básicas para serlo. Y peor, somos un país con una escolarización que tiende a perpetuar las condiciones de desigualdad. Durante varios lustros se pudo medrar con el engaño, pero la verdad termina por aparecer. El fraude es no sólo del sindicato; es, principalmente, de los gobiernos que adoptaron el simulacro como política de Estado.

El principal peligro que corre la reforma educativa no es la oposición de la CNTE (que combina la búsqueda del privilegio gremial con la lógica pesimista de que la educación no ayuda ya a la movilidad social), sino que el simulacro se repita, con otra clave. Hacemos como que aplicamos la legislación y avanzamos en el control, pero en realidad dejamos todo como estaba y mejor no pisamos callos para que no haya demasiadas olas.

Durante demasiado tiempo la grilla y los chantajes —que no la política propiamente dicha— han tenido la preeminencia sobre la educación. Es momento de poner otra vez las cosas al derecho. Es algo que no se va a hacer con discursos y que tampoco se va a hacer sin vencer resistencias (en particular, las de adentro). Pero es algo que se tiene qué hacer si de verdad pensamos en un mejor México para el futuro.

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Fuente: Crónica.

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